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La resolución de la "Muerte" (Aborto)


Por Carlos Eduardo Acosta


No es una sorpresa la expedición de la Resolución 051 reglamentando el aborto. En el gobierno de la “Colombia, potencia mundial de la vida”, lo único que ha hecho su Ministra de Salud es una resolución de la muerte, todo en este gobierno es así…demagogia. Pero en segunda instancia, porque esta normatividad lleva varios años cocinándose en el Ministerio, tan solo estamos frente a la versión actualizada 2023.


Lo que si me sorprendió, es que en el proceso de su expedición nadie se diera cuenta, ni dijera nada. Tuvo que haber un borrador publicado, se tuvo que socializar. La pregunta es ¿Qué nos pasó?


Durante mis cuatro años en la Comisión Séptima de Cámara, estuvimos atentos del tema, haciendo seguimiento, control político al Ministerio de Salud y oponiéndonos de forma férrea a esta norma. En varias ocasiones estuvo publicado su texto borrador en la página de la entidad gubernamental y gracias a Dios, en todas pudimos intervenir para impedir su expedición. Ya fuera desde la Comisión Séptima, en diálogos con el Ministro de Salud, en el despacho del Ministro del Interior o con el mismo Presidente de la República, junto a los líderes del partido Colombia Justa Libres; con plantones acompañados de las organizaciones provida, denunciando en medios, y especialmente a través del trabajo de la Bancada Provida del Congreso, que fue fundamental en este esfuerzo.


Frente al tema los argumentos siempre han sido los mismos: de los funcionarios, la excusa es “estamos cumpliendo simplemente con una orden de una sentencia de la Corte Constitucional”; y en la opinión pública, el discurso es “que como el Congreso no legisla sobre el tema la Corte tiene que intervenir a través de sentencias”.


Varias reflexiones sobre la forma y el fondo de esta infortunada resolución.


Sobre la forma, una premisa fundamental es que los funcionarios a diferencia de los particulares no pueden hacer sino lo que está establecido en su manual de funciones y en la ley. Mientras que los particulares podemos hacer todo lo que no esté claramente prohibido en las normas o la ley. Cualquier actuación del funcionario fuera de esos parámetros constituye extralimitación de funciones o incluso prevaricato, incluido el presidente o sus ministros. Por lo anterior, este tipo de sentencias no son de obligatorio cumplimiento si para el funcionario en cuestión es imposible hacerlo, o cometería una falta disciplinaria al hacerlo. Es decir, cuando no existe un sustento legal específico sobre el cual expedir una reglamentación, decreto o resolución determinada.


Es el caso de la sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó la unificación de los regímenes de salud (contributivo y subsidiado) y sus planes de beneficios, sentencia que no se ha cumplido porque primero hay que cambiar la ley; o el caso que nos ocupa, donde a pesar de las varias sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema, la ley no se ha cambiado y el Congreso en múltiples ocasiones ha rechazado los proyectos de legalización del aborto. Claramente entonces el Congreso “si” ha legislado sobre el tema, diciendo NO al Aborto y manteniendo el Aborto como un delito penal, como consta en el artículo 122 del Código Penal Colombiano.


Así las cosas, al no existir actualmente una Ley de la República sobre la cual se pueda sustentar esta resolución, el funcionario, en este caso, la ministra Corcho, estaría actuando fuera del marco legal y de prelación normativa. Recordemos que las sentencias no reemplazan ni están por encima de la LEY. Al contrario, deben ajustarse a ella, más aún, una resolución.


Otro es el problema de las narrativas. El aborto en Colombia ha sido despenalizado (no se castiga el delito) en varias sentencias por la honorable Corte Constitucional… pero no ha sido legalizado, porque no hay una Ley que lo permita. Para ser legalizado tiene que cambiarse el Código Penal Colombiano y el poder legislativo no lo ha hecho. Este sistema de división de poderes, pesos y contrapesos y el imperio de la LEY es una de las grandes garantías del sistema republicano que debemos proteger, frente a los ataques del autoritarismo y la imposición ideológica, vengan de donde vengan. Es la garantía de la libertad.


Estamos claramente frente a una extralimitación de funciones por parte de la funcionaria que expide la Resolución 051, que deberá ser investigada por la Procuraduría y sujeto de control político en el Congreso de la República.


Establecido esto, miremos el fondo, pues el contenido de la norma en cuestión es aberrante, desconoce intrínsecamente el derecho fundamental a la vida del ser humano en gestación, limita derechos fundamentales, la autonomía profesional y crea un vacío de responsabilidad legal.


Frente a las narrativas de la muerte, es primordial establecer realidades absolutas; los seres humanos no hacemos metamorfosis. No hay pre-humanos, el embrión es un ser humano en su primera etapa de desarrollo, así como el bebé, el niño, el adolescente, el adulto y el viejo son seres humanos en su respectiva etapa de desarrollo. Cuando hablamos de una mujer en embarazo, estamos frente a dos individuos de la especie humana, diferenciados cada uno con su propia carga genética, sus propios atributos, sus órganos independientes y su propia vida. Una madre embarazada no tiene dos cabezas, o dos corazones, el embrión no es parte del cuerpo de la madre es un cuerpo humano que habita en el lugar donde debería estar más seguro, el vientre materno.


El reconocimiento de esta dignidad humana intrínseca, por el solo hecho de ser humano, es el principio fundante de los derechos humanos y el atributo principal de las sociedades civilizadas occidentales. Esta dignidad humana no tiene ni puede tener grados ni depender de la raza, color, estatura, sexo, creencias o estado de desarrollo del ser humano; y es un deber fundamental del Estado protegerla, comenzando por el primer derecho fundamental que es el derecho a la vida.


Pero la norma va más allá, desconoce también el derecho fundamental de los padres sobre sus hijos, limitando el derecho de la patria potestad, al establecer que una menor de edad puede practicarse un aborto sin consentimiento de sus tutores legales. Una gran contradicción cuando por ley, hasta para contraer matrimonio, conducir un veh