Regulación de las Plataformas de Transporte: De la Modernización a la Obsolescencia



A inicios de 2020 el Representante Carlos Eduardo Acosta y su Unidad de Trabajo Legislativo contactaron a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana con un objetivo: el de modernizar por completo el Sistema de Transporte Individual de Pasajeros, proteger los intereses de seguridad de conductores y pasajeros, y llegar a un punto medio entre el gremio taxista y el de plataformas digitales de transporte, garantizándoles condiciones de mercado equitativas donde ambos actores pudiesen competir de manera justa.


Este proyecto se gestó y se desarrolló en el seno de la Academia, de la mano de un pequeño grupo de estudiantes y profesores de derecho y ciencias políticas, quienes construimos un articulado de forma técnica, reflexiva y completamente independiente. El 20 de julio de 2020 se oficializó y materializó nuestro esfuerzo; trabajo investigación; labor de redacción; y estudio de las condiciones económicas, sociales, gremiales y legales que habíamos llevado a cabo durante meses. En esa fecha, de la mano del Representaste Acosta, radicamos el Proyecto de Ley 174 de 2020.


Al ser un tema tan coyuntural en el momento en el que se radicó, al Congreso llegaron diversas propuestas legislativas que también pretendían regular el uso de las plataformas digitales de intermediación de transporte. Al existir diversos proyectos de ley sobre la misma materia, el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidió acumularlos, con el objetivo de agilizar el proceso legislativo, tal como lo permite la Ley 5ta de 1992.


Sin embargo, y muy a nuestro pesar, el informe de acumulación que rindieron los ponentes encargados propone un proyecto de ley que aniquila todas las propuestas que llevamos al Congreso, con la triste y escasa excepción de dos o tres artículos. El nuevo proyecto de ley acumulado 003 de 2020 no solo descarta buenas ideas de modernización, manejo de datos, ciudades inteligentes, trazabilidad tributaria, equidad de condiciones en el mercado y protección al consumidor; sino que al mismo tiempo establece figuras jurídicas incongruentes, pretende encajar los nuevos modelos de transporte dentro de la anticuada regulación de los taxis, desprotege al consumidor de daños que puedan surgir ante eventuales accidentes, elimina el sistema de “cupos” sin especificar medidas para contrarrestar y mitigar las consecuencias, contiene un modelo de registro y control sobre los conductores engorroso e inconsistente, y tiene lamentables errores de redacción, congruencia y orden.


I. Figuras de Transporte


En primer lugar, debemos referirnos a las figuras mediante las cuales se pretende regular la prestación del servicio de transporte. Mientras nuestro proyecto preveía dos distintas categorías de plataformas que se adaptaban a las necesidades y los modelos de negocio de cada empresa, el proyecto de acumulación crea una única figura —la “plataforma tecnológica de intermediación”— con el que se pretende regular todo tipo de plataformas intermediadoras de transporte por igual. Imagínese usted que Uber estuviera sometido a la misma regulación que una empresa que ofrece rentar una limosina por horas a través de su página web; o que Beat tuviera el mismo estatus legal que una red social en donde un conductor publicitara un servicio de transporte propio en su vehículo particular; o que Didi tuviera que cumplir los mismos requisitos legales que un portal digital que para contratar vehículos turísticos durante el día. Son modelos de negocio completamente diferentes, e incluso se trata de formas muy distintas de intermediar el servicio de transporte. Sin embargo, bajo el proyecto de ley 003, quedarían bajo la misma figura jurídica y, por ende, la misma regulación, con las mismas obligaciones y los mismos requisitos.


II. Alcance de la Prestación del Servicio


Es igualmente pertinente hablar de los rangos de acción. Nuestro proyecto de ley pretendía que la inscripción y el registro de los conductores en el RUNT los habilitara para prestar el servicio de transporte a lo largo y ancho del país, permitiendo así, suplir las necesidades de los usuarios en caso de que estos requirieran transportarse de un municipio a otro. Sin embargo, el proyecto 003 busca adoptar el obsoleto sistema que rige a los taxis, de forma tal que solo sea permitido a los conductores prestar su servicio de transporte al interior de determinado municipio o área metropolitana, condenándolos a trabajar en la misma ciudad de forma indeterminada e impidiéndoles satisfacer las necesidades de transporte intermunicipal muchos posibles usuarios.


III. Errores Conceptuales


Uno de los aspectos más graves que tiene el proyecto de acumulación 003 es la falta de precisión conceptual alrededor de los términos “operador”, “conductor” y “empresa”, que se encuentran recogidos en su artículo 4. En el articulado propuesto por nosotros, se dejaban claras las diferencias entre el operador (la persona jurídica que maneja la plataforma y es dueña de esta, por ejemplo, Uber S.A.) y el usuario conductor (la persona natural que conduce el vehículo y lleva al pasajero de un punto a otro). Bajo nuestro esquema, cada una de estas personas es responsable de deberes y obligaciones distintas: para la empresa, estar constituida legalmente en Colombia, asegurarse que la plataforma digital cumpla con unos mínimos de calidad, registrarse ante MinTransporte y demás. Mientras que el conductor tiene que acreditar la licencia de conducción correspondiente, inscribirse en el RUNT y mantener al día sus seguros, entre otras.


Esta clara distinción entre ambos actores se borra por completo con el artículo 4 del proyecto de acumulación 003. Lo que el nuevo articulado propone es fusionar los conceptos de conductor y de operador, entendiendo que la persona que maneja el vehículo ya no va a ser una persona natural, sino una empresa que deberá estar —y cito— “constituida legalmente bajo la normatividad colombiana con permiso emitido por la autoridad competente[1]”. Lo más grave es que el proyecto no ahonda en esta nueva figura, únicamente la menciona de manera superficial en el literal a, sin dar mayores explicaciones con respecto a la manera en la que los conductores deberán proceder en temas tributarios o de responsabilidad contractual y extracontractual ahora que son considerados una empresa ante los ojos de la ley. Se trata del clásico caso de copia y pega, donde se trajo una figura inconexa de otro proyecto y no se aseguró que esta se acoplara ni tuviese coherencia con el resto de disposiciones contenidas en el articulado; un desacierto recurrente a lo largo del proyecto acumulado.


IV. Conclusiones


El lamentable rechazo que tuvieron las ideas, figuras y principios que inicialmente plasmamos en el PL 174/2020 no nos detiene, pues para nosotros siempre ha sido claro que sacar el proyecto adelante no va a ser sencillo. Somos conscientes que el Congreso no es un océano de aguas apacibles, y que muchas veces los intereses políticos impiden la materialización de proyectos beneficiosos como el nuestro. La compleja situación en la que nos deja el PL 003/2020 solo nos reitera que la clave para impulsar y materializar buenas iniciativas legislativas es la resiliencia y la perseverancia. Los colombianos nos merecemos una ley que modernice y renueve el actual Sistema de Transporte Individual de Pasajeros, lo que definitivamente no logró entender el grupo de redactores del proyecto acumulado. Por ahora no nos es posible compartir con ustedes la estrategia que hemos construido para reintegrar nuestras propuestas en la agenda legislativa, pero pueden contar con que este pequeño grupo de estudiantes y profesores de derecho y ciencias políticas, así como el equipo de trabajo del Representante Acosta, trabajará incansablemente hasta entregarle al país la regulación que necesita.

[1] Artículo 4, literal a, Proyecto de Acumulación 003 de 2020. El artículo completo reza así: “Artículo 4. Definiciones. Para efectos de la interpretación y aplicación de la presente Ley, se tendrán en consideración las siguientes definiciones: a) Empresa de movilidad colaborativa en vehículo particular, intermediada por plataformas tecnológicas. Se entiende por empresa de movilidad colaborativa en vehículo particular, intermediado por plataformas tecnológicas, aquella persona natural o jurídica constituida legalmente bajo la normatividad colombiana con permiso emitido por la autoridad competente, quien emplea vehículo particular registrado para tal fin, para efectuar el traslado de personas de un lugar a otro.”

Redes Sociales

Contáctenos

Enlaces de interés

  • Facebook - círculo blanco
  • Twitter - círculo blanco
  • Instagram - Círculo Blanco
  • Spotify - círculo blanco
  • YouTube - círculo blanco

Edificio Nuevo del Congreso

Carrera 7 # 8-68 Oficinas 328 - 649B

Teléfono: 4325100 - Ext. 4097

     info@carlosacosta.co

  • Facebook Carlos Eduardo Acosta
  • Twitter Carlos Eduardo Acosta
  • Instagram Carlos Eduardo Acosta
  • Con Sentido Común
  • Canal Carlos Eduardo Acosta