Regulación de las Plataformas de Transporte: De la Modernización a la Obsolescencia



A inicios de 2020 el Representante Carlos Eduardo Acosta y su Unidad de Trabajo Legislativo contactaron a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana con un objetivo: el de modernizar por completo el Sistema de Transporte Individual de Pasajeros, proteger los intereses de seguridad de conductores y pasajeros, y llegar a un punto medio entre el gremio taxista y el de plataformas digitales de transporte, garantizándoles condiciones de mercado equitativas donde ambos actores pudiesen competir de manera justa.


Este proyecto se gestó y se desarrolló en el seno de la Academia, de la mano de un pequeño grupo de estudiantes y profesores de derecho y ciencias políticas, quienes construimos un articulado de forma técnica, reflexiva y completamente independiente. El 20 de julio de 2020 se oficializó y materializó nuestro esfuerzo; trabajo investigación; labor de redacción; y estudio de las condiciones económicas, sociales, gremiales y legales que habíamos llevado a cabo durante meses. En esa fecha, de la mano del Representaste Acosta, radicamos el Proyecto de Ley 174 de 2020.


Al ser un tema tan coyuntural en el momento en el que se radicó, al Congreso llegaron diversas propuestas legislativas que también pretendían regular el uso de las plataformas digitales de intermediación de transporte. Al existir diversos proyectos de ley sobre la misma materia, el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidió acumularlos, con el objetivo de agilizar el proceso legislativo, tal como lo permite la Ley 5ta de 1992.


Sin embargo, y muy a nuestro pesar, el informe de acumulación que rindieron los ponentes encargados propone un proyecto de ley que aniquila todas las propuestas que llevamos al Congreso, con la triste y escasa excepción de dos o tres artículos. El nuevo proyecto de ley acumulado 003 de 2020 no solo descarta buenas ideas de modernización, manejo de datos, ciudades inteligentes, trazabilidad tributaria, equidad de condiciones en el mercado y protección al consumidor; sino que al mismo tiempo establece figuras jurídicas incongruentes, pretende encajar los nuevos modelos de transporte dentro de la anticuada regulación de los taxis, desprotege al consumidor de daños que puedan surgir ante eventuales accidentes, elimina el sistema de “cupos” sin especificar medidas para contrarrestar y mitigar las consecuencias, contiene un modelo de registro y control sobre los conductores engorroso e inconsistente, y tiene lamentables errores de redacción, congruencia y orden.


I. Figuras de Transporte


En primer lugar, debemos referirnos a las figuras mediante las cuales se pretende regular la prestación del servicio de transporte. Mientras nuestro proyecto preveía dos distintas categorías de plataformas que se adaptaban a las necesidades y los modelos de negocio de cada empresa, el proyecto de acumulación crea una única figura —la “plataforma tecnológica de intermediación”— con el que se pretende regular todo tipo de plataformas intermediadoras de transporte por igual. Imagínese usted que Uber estuviera sometido a la misma regulación que una empresa que ofrece rentar una limosina por horas a través de su página web; o que Beat tuviera el mismo estatus legal que una red social en donde un conductor publicitara un servicio de transporte propio en su vehículo particular; o que Didi tuviera que cumplir los mismos requisitos legales que un portal digital que para contratar vehículos turísticos durante el día. Son modelos de negocio completamente diferentes, e incluso se trata de formas muy distintas de intermediar el servicio de transporte. Sin embargo, bajo el proyecto de ley 003, quedarían bajo la misma figura jurídica y, por ende, la misma regulación, con las mismas obligaciones y los mismos requisitos.


II. Alcance de la Prestación del Servicio


Es igualmente pertinente hablar de los rangos de acción. Nuestro proyecto de ley pretendía que la inscripción y el registro de los conductores en el RUNT los habilitara para prestar el servicio de transporte a lo largo y ancho del país, permitiendo así, suplir las necesidades de los usuarios en caso de que estos requirieran transportarse de un municipio a otro. Sin embargo, el proyecto 003 busca adoptar el obsoleto sistema que rige a los taxis, de forma tal que solo sea permitido a los conductores prestar su servicio de transporte al interior de determinado municipio o área metropolitana, condenándolos a trabajar en la misma ciudad de forma indeterminada e impidiéndoles satisfacer las necesidades de transporte intermunicipal muchos posibles usuarios.


III. Errores Conceptuales


Uno de los aspectos más graves que tiene el proyecto de acumulación 003 es la falta de precisión conceptual alrededor de los términos “operador”, “conductor” y “empresa”, que se encuentran recogidos en su artículo 4. En el articulado propuesto por nosotros, se dejaban claras las diferencias entre el operador (la persona jurídica que maneja la plataforma y es dueña de esta, por ejemplo, Uber S.A.) y el usuario conductor (la persona natural que conduce el vehículo y lleva al pasajero de un punto a otro). Bajo nuestro esquema, cada una de estas personas es responsable de deberes y obligaciones distintas: para la empresa, estar constituida legalmente en Colombia, asegurarse que la plataforma digital cumpla con unos mínimos de calidad, registrarse ante MinTransporte y demás. Mientras que el conductor tiene que acreditar la licencia de conducción correspondiente, inscribirse en el RUNT y mantener al día sus seguros, entre otras.